EE.UU. termina el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela

Donald Trump prometió en su última campaña presidencial llevar a cabo una reforma significativa para reducir la permanencia de refugiados extranjeros en Estados Unidos.

Trump abordó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y logró que la Corte Suprema fallara a su favor, tras una extensa batalla judicial en diversos tribunales inferiores.

El TPS fue instaurado en 1990 por el senador demócrata Edward Kennedy y promulgado bajo la administración republicana de George H. W. Bush.

Este programa otorga un permiso de trabajo y protección frente a posibles deportaciones para extranjeros que provienen de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales o epidemias, entre otros ejemplos históricos que justifican su aplicación.

El Salvador desde 1991 y Honduras desde 1998 son casos emblemáticos del TPS. Este recurso legal no otorga residencia ni ciudadanía, y si el TPS expira, los beneficiarios regresan a un estatus irregular y pueden ser deportados.

La decisión migratoria de Estados Unidos tendrá diferentes repercusiones políticas en Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua.

Haití es un estado fallido con un gobierno débil, afectado por bandas de narcotraficantes que dominan el 80% de su territorio.

Se reporta que hay cerca de 300,000 haitianos refugiados en Estados Unidos, quienes no planean regresar a su país.

La situación es diferente en Honduras: su presidente, Tito Asfura, ha creado un sistema de emergencia para facilitar el regreso de miles de hondureños que deberán abandonar Estados Unidos pronto.

En este contexto, Asfura ha conversado con Marco Rubio, secretario de Estado, para implementar un proceso migratorio que garantice una transición familiar organizada.

Los consulados de Honduras estarán disponibles en diversas ciudades de Estados Unidos para brindar asesoría a los repatriados, estimando que la cifra sea de 80,000.

La idea principal es que no se separen las familias y que se facilite la mudanza desde Estados Unidos con todos sus bienes adquiridos durante la duración del TPS.

“Debemos respetar las decisiones soberanas de Estados Unidos. Nuestro compromiso como gobierno es colaborar con las autoridades estadounidenses de manera diplomática para asegurar una transición ordenada, digna y humanitaria para nuestros compatriotas, asegurando que las familias permanezcan unidas y puedan regresar con sus pertenencias”, afirmó Asfura.

La situación en Venezuela es complicada. El régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha obligado a miles de venezolanos a buscar refugio en Estados Unidos.

Las cifras en la administración republicana indican que 300,000 venezolanos han estado en territorio estadounidense durante años.

Aún no existe un proceso formal para su traslado a Caracas, y muchos son refugiados políticos que aún enfrentan persecución por parte del régimen, además de la precariedad provocada por dos terremotos en junio.

Similares a Venezuela, Nicaragua enfrenta una dictadura que ha ocasionado migración forzada debido a la represión y dificultades económicas. Cerca de 5,000 nicaragüenses se encuentran en Estados Unidos, con un futuro incierto.

La Casa Blanca no mantiene relación con la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega, lo que genera mucha incertidumbre sobre las decisiones que tomará el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto a los refugiados nicaragüenses.

La eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela afecta a más de 500,000 expatriados en Estados Unidos.

Trump busca acelerar este proceso antes de las elecciones de medio término, fijadas para el 3 de noviembre. Considera que la anulación del TPS podría beneficiar las posibilidades del Partido Republicano en las elecciones.

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