El Reino Unido se alista para designar como

El gobierno del Reino Unido se encuentra en proceso de establecer nuevos poderes antiterroristas que permitirán la prohibición de grupos respaldados por Estados, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Esta propuesta se presentará en la próxima sesión parlamentaria, según ha confirmado el primer ministro Keir Starmer durante una visita a la sinagoga Kenton United, en el noroeste de Londres, la cual fue objeto de un ataque incendiario reivindicado por un grupo vinculado a Irán.

La legislación propuesta permitirá al Ejecutivo británico clasificar como organizaciones terroristas a grupos apoyados por gobiernos extranjeros. Se anticipa la creación de nuevos delitos penales para quienes apoyen o promuevan entidades formalmente incluidas en la lista de amenazas estatales. Esta medida surge a raíz de una serie de incidentes recientes que han impactado a la comunidad judía en el Reino Unido, incluyendo incendios en sinagogas y ataques a ambulancias comunitarias, atribuidos a grupos islamistas con supuestos lazos iraníes, como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia.

La decisión de prohibir al IRGC es el resultado de la creciente presión de parlamentarios y líderes comunitarios judíos, como el rabino principal Ephraim Mirvis, quienes han solicitado una respuesta más firme ante la actividad de agentes iraníes y sus proxies en el país. Según cifras del Community Security Trust publicadas en 2025, los incidentes antisemitas han aumentado significativamente desde el inicio de la guerra en Gaza, identificándose 3.700 incidentes en el último año.

El primer ministro Starmer ha enfatizado que el objetivo es garantizar que la comunidad judía se sienta segura en el país, subrayando la necesidad de que la sociedad británica perciba la lucha contra el antisemitismo como un compromiso colectivo. Starmer declaró: “Queremos hacer de Gran Bretaña un lugar seguro para nuestra comunidad judía. Eso implica dejar claro que estamos junto a ellos”. Además, mostró su preocupación por el creciente uso de agentes interpuestos por el régimen iraní y prometió que el proyecto de ley será presentado “en cuestión de semanas” para el inicio de la sesión parlamentaria de julio.

La medida británica sigue el ejemplo de la Unión Europea, que en enero incluyó al IRGC en su lista de organizaciones terroristas, señalando la represión violenta de manifestantes en Irán y su implicación en acciones encubiertas fuera del país. Australia también lo ha considerado un patrocinador estatal del terrorismo.

El IRGC, creado para proteger el sistema islámico iraní, se ha convertido en una fuerza con influencia militar, política y económica en Irán, y se le atribuye el patrocinio de actividades terroristas en el extranjero. Se estima que cuenta con decenas de miles de integrantes activos. Organizaciones como la Junta de Diputados de los Judíos Británicos han apoyado la iniciativa del gobierno, señalando que la demanda de prohibir al IRGC ha sido impulsada desde diversos sectores.

Hasta el año pasado, el Reino Unido había rehusado clasificar al IRGC como grupo terrorista, eligiendo en su lugar un régimen de sanciones dirigido a individuos por sus actividades en territorio británico. Sin embargo, la escalada de ataques y la preocupación por la seguridad de la comunidad judía han acelerado la revisión de la legislación antiterrorista. El Ministerio del Interior confirmó los planes y reiteró que tomará todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.

Expertos en seguridad han advertido que la prohibición podría generar repercusiones diplomáticas, como el eventual cierre de la embajada británica en Teherán, considerada clave para los servicios de inteligencia occidentales. También existen inquietudes sobre las implicaciones de designar como terrorista a una entidad que controla los materiales nucleares iraníes, lo que podría complicar futuras colaboraciones en caso de un cambio de régimen en Irán.

A pesar de estas reservas, tanto funcionarios como representantes comunitarios consideran que la reforma legal es un paso esencial para abordar las amenazas actuales y proporcionar a las autoridades herramientas más eficaces para perseguir a quienes apoyan o ejecutan operaciones de influencia en nombre de intereses extranjeros.

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