La Central Punta Catalina bajo el escrutinio de la Cámara de Cuentas y sus implicaciones

Por: Giovanni D’Alessandro

La Cámara de Cuentas ha publicado finalmente la Auditoría sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina, abarcando el período 2013–2021. El documento confirma lo que por años se denunció: un proyecto marcado por sobrecostos, opacidad y debilidades institucionales.

Los hallazgos principales

– Costo final de US$3,276 millones, con un sobrecosto de US$1,245 millones sobre el contrato original.

– Pagos sin soporte por RD$21,100 millones (≈ US$443 millones), equivalentes al 14 % del gasto total.

– Contratos con irregularidades graves, incluyendo modificaciones superiores al 50 % del monto inicial, adjudicaciones directas y ausencia de garantías.

– Consultorías cuestionadas (Stanley Consultants y Manatt), extendidas irregularmente y sin registro como proveedoras del Estado.

– A pesar de estar operativa desde abril de 2020, en 2021 la planta aún figuraba contablemente como “obra en construcción”.

Estos hallazgos no solo exponen problemas administrativos y financieros; también abren la posibilidad de responsabilidades penales y civiles contra funcionarios de distintas gestiones.

Otros hallazgos y precisiones técnicas

Además del informe de la Cámara de Cuentas, hay elementos complementarios que enriquecen el análisis:

1. Aclaraciones administrativas y comparativas

– El que en 2021 Punta Catalina apareciera aún como “obra en construcción” se explica porque no se había emitido una carta de aceptación final, la cual quedó condicionada a una auditoría técnica posterior.

– El costo total de US$3,276 millones incluyó, además del contrato EPC, los llamados “costos del dueño” (gastos financieros, intereses, comisiones), que en la práctica suelen incorporarse en proyectos de esta envergadura.

– Sin embargo, en perspectiva internacional, ninguna planta de carbón subcrítica ha resultado tan costosa por MW instalado:

* Punta Catalina: ~US$4.55 millones/MW * Pampa Sul (Brasil, 2019): US$1.62 millones/MW * Cochrane (Chile, 2016): US$2.4 millones/MW * Promedio EE. UU.: ~US$2.75 millones/MW

2. Auditoría técnica-forense de Sargent & Lundy (2022)

– La unidad 2 nunca completó plenamente su prueba de rendimiento contractual, quedando pendientes pruebas sobre emisiones, ruido y carga mínima.

– En la unidad 1, la corrosión en la cámara de filtros del sistema de control de calidad del aire (AQCS) limita su operación a plena carga.

– Los hidratadores de ambas unidades fueron subdimensionados, lo que pone en riesgo el cumplimiento ambiental con carbones de mayor contenido de azufre.

– Se registraron fallas recurrentes en la correa transportadora de carbón, atribuibles a defectos de diseño y fabricación.

– Aunque en general los diseños cumplen con estándares internacionales, persisten vacíos en documentos de aceptación final y pruebas ambientales completas.

Lo que le conviene al país

Ante estos hechos, la República Dominicana enfrenta una encrucijada. No se trata de quedarse atrapados en el pasado, sino de tomar decisiones que aseguren un mejor futuro energético y fiscal. El mejor camino pasa por:

1. Transparencia total: Publicar también la auditoría internacional contratada por el Ministerio de Energía y Minas, que estimaba una sobrevaluación aún mayor (más de US$1,300 millones). Solo con ambas versiones a la vista podrá conocerse la dimensión real del problema.

2. Responsabilidad institucional: El Ministerio Público debe dar seguimiento a las irregularidades señaladas en la auditoría oficial, sin excepciones ni selectividad. La impunidad solo perpetúa el círculo vicioso de sobrecostos en megaproyectos.

3. Revisión del modelo energético: Punta Catalina no puede seguir siendo un lastre financiero, ambiental y político. El país debe acelerar su transición a energías renovables, internalizando los costos ambientales y sociales que hoy se ignoran.

4. Protección de las comunidades: La gestión de las cenizas tóxicas, la contaminación del aire y los riesgos para la salud no pueden seguir siendo parches con lonas. El Estado debe atender de inmediato los daños ambientales y sociales generados.

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