La ONU acusa a Ortega de emitir una “sentencia de muerte” contra el Estado de Derecho mediante reformas constitucionales en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, avalado por la ONU, ha criticado duramente las reformas recientes a la Constitución nicaragüense, describiéndolas como un “veredicto fatal para el Estado de Derecho y las libertades esenciales”. La Asamblea Nacional, bajo el dominio del régimen de Daniel Ortega, aprobó cambios que se interpretan como el aumento del dominio gubernamental sobre los sectores judicial, legislativo y electoral.

Reed Bródy, jurista húngaro y componente del grupo de expertos, destacó que este cambio en la ley fundamental permite que la dictadura de los sandinistas afiance su monopolio sobre las entidades estatales, anulando cualquier medio de defensa de los derechos ciudadanos. “Esto representa un ataque severo al marco democrático y una clara infracción a los principios de los derechos humanos”, afirmó Bródy.

Dentro de las modificaciones, se introduce el cargo de copresidente y se extiende la duración del mandato presidencial de cinco a seis años. Además, se concede al Poder Ejecutivo la facultad de sincronizar las funciones de todos los órganos estatales y nombrar a los magistrados tanto judiciales como electorales. Este cambio es visto como una estrategia para desmantelar cualquier forma de oposición política, impidiendo la participación de líderes opositores expulsados o despojados de su nacionalidad en las elecciones presidenciales.

Instaurado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 con el propósito de investigar los atropellos a los derechos humanos en Nicaragua, el Grupo de Expertos también señaló que la reforma facilita la clausura del ámbito cívico y potencia la capacidad del gobierno de suspender derechos elementales y emplear grupos paramilitares para oprimir cualquier forma de disidencia.

Desde su retorno al poder en 2007, el gobierno de Ortega ha promovido diversas reformas constitucionales orientadas a cimentar su estancia en el poder, incluida la abolición de los límites a la reelección presidencial. La última enmienda, que se efectuará el 30 de enero, ratifica el dominio total del régimen sobre las instituciones cruciales del país, obstaculizando aún más el progreso hacia una Nicaragua democrática.

creditos de las imagenes de este post: Robertocavada.com