ProCompetencia investiga a 16 empresas por conductas anticompetitivas en 2025.

SANTO DOMINGO, D.N. – La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ordenó el inicio de una investigación de oficio por presunta colusión en compras públicas (artículo 5, literal “b” de la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia), contra las empresas Indermerica, S.R.L.; Paulino Moreta Cocina Industrial S.R.L.; y Andreina Ortiz Paulino basándose en indicios razonables de coordinación de ofertas y prácticas anticompetitivas en un proceso para el Programa de Alimentación Escolar convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

La resolución No. RII-DE-AAC-005-2025 establece que durante el análisis de la documentación de la licitación la Dirección Ejecutiva identificó múltiples coincidencias que refuerzan la hipótesis de una posible colusión entre los referidos agentes económicos, incluyendo vínculos societarios entre los oferentes, el uso compartido de los mismos números telefónicos en el registro mercantil y notario, así como la obtención de documentos claves como cartas de referencias bancarias con numeración consecutiva y en las mismas fechas.

Gravedad de la práctica

La colusión es una práctica anticompetitiva mediante la cual dos o más empresas, postoras u oferentes, arriban a un acuerdo entre sí para no competir en el marco de un procedimiento de contratación convocado por el Estado, la misma constituye una infracción grave al ordenamiento que protege la libre competencia en todos los mercados.

La Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08 tipifica expresamente la colusión entre oferentes como práctica anticompetitiva. El artículo 5, literal “b”, incluye dentro de las prácticas concertadas prohibidas las conductas orientadas a “concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y subastas públicas”, siendo sancionables mediante multas conforme al artículo 61 de la referida ley.

Estas prácticas anticompetitivas distorsionan el mercado, elevando artificialmente los precios y reduciendo la eficiencia y transparencia en la provisión de bienes y servicios, afectando directamente el bienestar de los ciudadanos, por tanto, fortalecer los mecanismos de detección y sanción de esta práctica contribuye a promover un entorno más competitivo que incentive la participación de oferentes en igualdad de condiciones y asegure la integridad de los procesos licitatorios.

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