Más de 370 mil personas solicitan asilo político.

El impacto de la represión en Nicaragua ha llevado a más de 700,000 personas a abandonar el país desde abril de 2018, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.

De este total, al menos 370,000 han solicitado asilo político, posicionando a Nicaragua como el segundo país en el mundo con mayor cantidad de solicitudes de refugio en relación a su población.

“Esta cifra refleja la magnitud de la crisis y el alcance de las políticas represivas aplicadas por el régimen”, alertó Jan Simon, Chair del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en una entrevista a Infobae.

La masiva salida de nicaragüenses ha ocasionado cambios significativos en las comunidades receptoras, especialmente en Costa Rica, donde los nuevos arrivantes enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos y empleo.

Diversos organismos internacionales han señalado un aumento en la vulnerabilidad de este grupo, exponiéndolo al tráfico y la explotación laboral.

Simon mencionó en la entrevista a Infobae que la migración forzada no solo responde a razones económicas, sino también a la persecución directa de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de allanamientos y amenazas.

Corrupción estructural y financiamiento de la represión
Simon indicó que la investigación del Grupo de Expertos presentada ante la ONU reveló que la corrupción en el Estado nicaragüense se ha convertido en un mecanismo de financiamiento para la represión política.

El análisis de la documentación contable confirmó que fondos públicos, originalmente destinados a programas sociales y servicios como limpieza y asistencia, fueron desviados para apoyar a grupos paraestatales relacionados con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSL.

La investigación identificó que al menos seis municipalidades participaron en un esquema donde, en los primeros dos meses del análisis, se desviaron aproximadamente cinco millones de unidades monetarias.

“Este monto corresponde solo a algunos proyectos y municipios, representando una fracción del dinero total empleado para fines represivos”, agregó Simon.

Expertos subrayaron la falta de controles y la complicidad de funcionarios que validaron estas transferencias fuera de los procesos presupuestarios regulares.

Funcionamiento del aparato de represión
El financiamiento de la represión, explicó el experto, moviliza recursos de las municipalidades, bajo la supervisión del Instituto de Desarrollo Municipal Nicaragüense, y la dirección de figuras clave como Fidel Moreno, secretario administrativo del FSLN, bajo directrices de la vicepresidenta Rosario Murillo.

Se ha intensificado la exigencia de contribuciones directas de funcionarios públicos para el partido, aumentando los recursos disponibles para mantener estas prácticas.

El esquema también incluye incentivos por parte de las autoridades a quienes colaboran en actividades de control y vigilancia social en barrios y comunidades, fomentando una red de informantes y represores.

Las prácticas represivas cuentan con apoyo logístico y tecnología importada, acorde al seguimiento de movimientos opositores y detección de actores considerados peligrosos para el régimen.

Evolución de las tácticas represivas
Las fases de la represión en Nicaragua comenzaron con la sofocación de manifestaciones, continuaron con la eliminación de la oposición en el proceso electoral de 2021 mediante encarcelamientos masivos, y se enfocaron luego en neutralizar sectores como la Iglesia católica y movimientos campesinos.

Actualmente, la acción represiva se ha extendido al exterior, mediante vigilancia, amenazas y acoso –físico y digital– a nicaragüenses exiliados, llegando, según informes de organismos, a ejecuciones fuera del país, especialmente en Costa Rica.

El alcance internacional de estos mecanismos también implica el uso de herramientas como Interpol, control de lavado de activos y coerción sobre familiares que permanecen en Nicaragua, buscando evitar la denuncia y repercusión internacional de los abusos.

Fuentes consultadas advierten que el régimen ha sofisticado sus métodos para dificultar la obtención de refugio y reducir la presión externa por derechos humanos.

El carácter de los crímenes y la respuesta internacional
Las violaciones documentadas por el grupo de expertos se alinean con la definición internacional de crímenes de lesa humanidad: ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, motivados por la voluntad de eliminar obstáculos al poder.

El informe subraya que el caso nicaragüense responde al espíritu fundacional del delito tras la Segunda Guerra Mundial: dotar a la comunidad internacional de herramientas ante Estados que agreden a su propio pueblo.

Hasta la fecha, la comunidad internacional ha impuesto sanciones a 54 personas responsables de estas prácticas, entre ellos altos funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera y directores de centros penitenciarios señalados por actos de tortura.

Uno de los expertos explica: “La imposición de sanciones debilita la confianza en el sistema financiero nicaragüense y complica la sostenibilidad del régimen”.

Según informes diplomáticos, las sanciones también han restringido el acceso a inversiones extranjeras, generando tensiones con países aliados en la región.

Sostenibilidad del modelo represivo y perspectivas de cambio
El modelo sustentado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta crecientes dificultades. El acceso a recursos externos es cada vez más restringido por sanciones y aislamiento, mientras que, dentro del país, la avanzada edad y problemas de salud de los actuales líderes generan incertidumbre sobre la continuidad, dado que los posibles sucesores carecen del capital simbólico de Ortega.

Expertos advierten que la presión internacional, aunque relevante, no será suficiente sin cambios internos. “La transformación debe surgir de la sociedad nicaragüense, aun cuando la mayoría de sus integrantes esté en el exilio”, señalaron. El rol internacional consiste en garantizar la seguridad y el retorno a través de organismos multilaterales como la ONU, la OEA y la Cruz Roja.

La situación en Nicaragua, como enfatizaron fuentes consultadas, representa “un ejemplo extremo de cómo la corrupción y la represión se articulan como política de Estado”. A pesar de las crecientes restricciones, el desenlace de la crisis sigue siendo incierto.

creditos de las imagenes de este post: Deultimominuto.net